A más de un año de haberse decretado la pandemia y el estado de alarma en Venezuela, estamos en un escenario de aumento de contagios por covid-19 y muertes en todo el territorio con especial atención en el caso de los trabajadores del sector sanitario, así como el colapso del sistema de salud.
En los últimos días, ha surgido un debate en torno a la obligación por parte del Gobierno de garantizar un plan de vacunación para la sociedad venezolana sin discriminación alguna.
La Academia Nacional de Medicina como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el Colegio de Médicos, expertos médicos, la Conferencia Episcopal Venezolana y organizaciones de derechos humanos han realizado un conjunto observaciones, denuncias y propuestas para resolver la contingencia actual.
Debido a los motivos previamente señalados y acatando los principios constitucionales e internacionales, el 13 de abril del año en curso, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales formuló una serie de exhortaciones al Estado Venezolano: la creación de un Plan de Vacunación junto con la aplicación de los mecanismos COVAX para asegurar la adquisición, transparencia y distribución de las vacunas, garantizar el acceso gratuito a las mismas, priorizar la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio, difundir información suficiente para prevenir el covid-19, salvaguardar los datos contenidos en los expedientes de salud, divulgar masivamente los datos relativos a registros, estudios y planes de vacunación, prevenir y erradicar los actos de corrupción con respecto a la justa distribución de vacunas e informar a las organizaciones internacionales en el ámbito sanitario de este pronunciamiento con el objetivo de supervisar el panorama sanitario actual.
Por Carlos Ayala Corao, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.