Ahora me preguntan directamente: “¿Usted va a votar, o no?”. Respondo: “Iré a votar cuando haya elección libre y democrática; no iré a esta votación dictatorial y fraudulenta, impuesta por el régimen para suprimir la elección presidencial democrática de 2018 y perpetuar la actual catástrofe nacional con Maduro. Con razón los obispos recientemente pidieron aplazar los comicios del 20-M para tener la debida elección presidencial con condiciones justas. También lo hizo Averu (Asociación de Rectores Universitarios). Todos los países democráticos así lo ven y avisan que no reconocerán el fraude de mayo. También los candidatos opositores debieran exigir aplazamiento y elecciones con condiciones democráticas para fines de año, y, en caso de negativa, renunciar, dejando en evidencia y soledad al dictador.
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Como Emparan, el 19 de Abril
Sin condiciones democráticas no hay elecciones democráticas, sino votación dictatorial para legitimar y perpetuarse en el poder. El gobierno sabe que 15 millones de venezolanos quieren salir de esta tragedia; salir de Maduro y del modelo que ha destrozado al país. Ellos quieren además elecciones libres, justas y transparentes.
El régimen, asustado por la derrota de 2015, impuso fraudulentamente una asamblea nacional constituyente para tener un poder “supraconstitucional”, con este anular la Asamblea Nacional legítima y ejercer a su antojo los poderes Judicial, Ejecutivo, Legislativo y Electoral.
La ilegitimidad de la «reelección»
La legitimidad de la “reelección” de Nicolás Maduro ha sido cuestionada por parlamentarios regionales, la Unión Europea y las democracias occidentales con argumentos que no pueden pasar inadvertidos. El fundamento de esta visión se basa en considerar a la asamblea nacional constituyente como órgano de facto porque no cumplió con la indispensable consulta al pueblo, establecida en la Constitución. Sobre la base de esta consideración, lo que emane de ella carece de legitimidad: tanto la convocatoria a “elecciones”, como la “juramentación” presidencial y cualquier compromiso que se pretenda asumir en la acción del gobierno.
A favor de la tesis señalada milita la opinión de Antonio Negri, un pensador marxista muy respetado por los revolucionarios de nuestro tiempo. Sostiene Negri que “hablar del poder constituyente es hablar de democracia” (El poder constituyente). El filósofo marxista no vacila en proclamar que la democracia supone algo más que el gobierno de las mayorías, pues implica la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y los valores que consagra la carta magna, lo que no puede vulnerarse.
El día después
“El país se está desangrando mientras Maduro solo ve cómo se atornilla en el poder”, afirmó el cardenal Baltazar Porras en declaraciones difundidas el pasado domingo en la prensa y redes sociales. El cardenal describe el ambiente político dentro del cual se desarrollarán las elecciones del 20 de mayo, un hecho que inquieta a los venezolanos, conocedores de las peculiaridades de este proceso. Maduro es un presidente que tiene cerca de 80% de rechazo, no obstante se presenta como el posible “ganador” de la contienda electoral. ¿Puede ser esto posible?
Estamos ante unas “elecciones” convocadas por la asamblea nacional constituyente, organismo cuestionado nacional e internacionalmente porque no fue consultado al pueblo, como lo señala la Constitución. Esta es la razón en la que se fundamentan las democracias occidentales para advertir que desconocerán los resultados de ese proceso, por considerarlo fraudulento.
Crisis institucional y elecciones
Para el pensador alemán Carl Schmitt las acciones y motivaciones políticas deben estar orientadas por el dilema amigo-enemigo, según el cual al adversario hay que someterlo porque es un obstáculo para imponer el Estado totalitario. Pero esto no implica apropiarse de los medios de producción, como sí lo propone el marxismo.
El dilema amigo-enemigo se traduce también en razón práctica por la que el gobierno por medio de su ilegítima asamblea nacional constituyente ha convocado un proceso electoral con el propósito de extender esta agonía por seis años más, siempre sometiendo al “enemigo”.
Pese a todo el ventajismo, el gobierno se ha debilitado debido a su fracaso económico, a la corrupción, a la hiperinflación y la escasez que ha generado una crisis que la comunidad internacional no vacila en calificar de humanitaria, porque ya no es posible ignorar al régimen venezolano. En este sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence ha calificado a Venezuela como Estado fallido.
La gran sorpresa.
El Jefe de Estado le anunció al país que el 1 de mayo, “Día Internacional del Trabajo”, le tendría una “gran sorpresa”.
Desde la vigencia de la Constitución actual, hemos venido señalando en diferentes artículos, conferencias y estudios, que el haber consagrado la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, significó para el creador del sistema un auténtico “autogol”, es decir, una puñalada en contra de los principios que erigiera en la Constitución Bolivariana promulgada en 1999.
Para hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, además del sometimiento a una supuesta normativa, tiene que existir una razón real, objetiva, histórica que la justifique. No es posible que un gobierno que ha proclamado su atención y obediencia a la Constitución actual, fruto de las ideas del líder máximo que lo propiciara, de pronto declare que ese régimen debe ser transformado totalmente (transformar al Estado) y que esa normativa debe ser modificada por un nuevo régimen que tenga lineamientos totalmente diferentes,
Uno se pregunta ¿cuál es la razón de una medida que en forma alguna puede dar beneficio al Estado?
Es indudable que el artículo 349 está pensado para una Asamblea Constituyente que ha elaborado ya una nueva Constitución contra la cual, no pueden operar las fuerzas anteriormente existentes, pero esta interpretación que es la más lógica, no será́ justamente la que se aplicará para una Asamblea que, al constituirse, apagará el derecho del ejercicio de poderes pre-constituidos que están destinados a desaparecer.
“AUTO-SUICIDIO”
A pesar de que el título de este artículo contiene una expresión burlesca hace alusión al hecho de que la Constitución vigente la de 1999, reguló en el capítulo relativo a la Reforma Constitucional a la Asamblea Nacional Constituyente.
Al establecerse una Asamblea Nacional Constituyente, su objetivo es extinguir la Constitución vigente; iniciando un nuevo régimen que, justamente, por originarse en tal forma, tiende a cambiarlo todo, a conformar un nuevo Estado.
Nos sirve de título: “auto-suicidio” la novedosa regulación constituyó un permiso librado por la Asamblea creadora de la norma, para que nuevas ideas y concepciones políticas y sociales pudieran transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, esto es, la posibilidad de la muerte de la Carta Fundamental.
El derecho del pueblo de participar en las Reformas de la constitución es el signo más Característico de la democracia participativa que No puede ser arrebatado por los gobernantes
Uno de los signos más característico de la Constitución de 1999, es el haber establecido un régimen de democracia representativa y participativa del pueblo establecido en su artículo 5, el cual le garantiza como derecho su participación para que pueda efectuarse una reforma a la Constitución.
La representatividad y la participación política, conforme a la Constitución, son derechos ciudadanos que no pueden ser eliminados ni arrebatados por los gobernantes, y menos cuando se trata de una reforma constitucional.
Por lo tanto, no puede pretenderse pasar a la elección de una asamblea nacional constituyente sin que el pueblo haya previamente aprobado mediante referendo la convocatoria de la asamblea nacional constituyente.
155.-doc.-Brewer.-REFERENDO-OBLIGATORIO-PREVIO-PARA-CONVOCAR-ANC-3-5-2017