Las posiciones juradas son una serie de preguntas que la parte promueve como prueba, las cuales la formula a su contraparte con el objetivo de hacerlo incurrir en una confesión en las respuestas, es decir, es una forma de compulsión que se le hace a una de las partes para obtener una afirmación de un hecho que lo va a desfavorecer.

Previamente hemos señalado que las posiciones juradas son la manera de obtener la confesión de la otra parte de forma provocada en el marco de un proceso. Sin embargo, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, sobrevino la inconstitucionalidad de las posiciones juradas en virtud de lo dispuesto en el artículo 49, ordinal 5, el cual establece: “ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión sólo será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza”.

Hay quienes sostienen que a raíz de la CRBV de 1999, las posiciones juradas son inconstitucionales por cuanto el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil venezolano establece que “quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimiento personal”, tal imperativo representa para algunos coacción, por lo tanto, la norma del Código de Procedimiento Civil entra en conflicto con lo tipificado en la Constitución, pero afortunadamente el Tribunal Supremo de Justicia se ha manifestado sobre este asunto expresando lo siguiente: “la confesión, según se ha señalado en la doctrina, es un medio probatorio que consiste en el reconocimiento de un hecho que hace el interesado de un acto propio, en atención a un asunto jurídico que de alguna manera resulta desfavorable para el confesante. En este sentido, las posiciones juradas son un mecanismo para obtener la confesión en el proceso civil, con el compromiso manifestado a través del juramento, del interrogado de decir la verdad, es una prueba válida, ya que a pesar de la carga de absolver posiciones juradas para quien sea parte en el juicio, su inasistencia al acto, luego de citado, puede traerle consecuencias negativas, dicho medio se encuentra exento de coacción física o de violencia…”. En definitiva constituye la prohibición contenida en el citado artículo 49.5 de la Constitución.

Además, lo mencionado ha sido corroborado por varias sentencias de la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa, la cual señaló que “en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y los cambios dogmáticos en ella introducidos, especialmente lo relativo a la ampliación de la garantía individual de no ser obligado a declarar contra sí mismo, es oportuno aclarar que alude a mecanismos de coacción (físicos y psicológicos), con el objeto de procurar confesiones de las partes respecto de los hechos que se le imputen. Sin embargo, a pesar de existir tal prohibición, es evidente el incuestionable valor de las versiones que pudieran obtenerse de las partes respecto de los hechos controvertidos, en lo relativo al establecimiento de la verdad y la consecución de sentencias justas en los casos concretos, partiendo de la premisa de que nadie es más facultado para relatar los hechos controvertidos con precisión que los propios sujetos vinculados a la causa”.

la Sala comparte los criterios jurisprudenciales transcritos y en tal sentido agregó que “el no estar obligado a declarar contra sí mismo, se traduce en la garantía a no ser coaccionado para declarar culpabilidad sobre los hechos imputados, cuando la declaración que se haga en estos términos, no se corresponda con la verdad y los medios para obtener esa declaración constituyan violencia física o moral. Por lo demás, no puede la garantía constitucional obstaculizar el cumplimiento del deber de las partes de decir fielmente la verdad”.

Como resultado, la obligación de decir la verdad bajo juramento no implica coacción alguna debido a que uno de los principios rectores del proceso es el de lealtad y probidad, el cual se traduce en que las partes deben decir la verdad, sin dejar de lado que según el criterio jurisprudencial: 1) la coacción es “la fuerza o violencia que se ejerce sobre una persona para obligarla a contestar”, 2) estar obligado a contestar bajo juramento no es sinónimo de coacción sino que se refiere a una solemnidad necesaria que representa el compromiso voluntario para decir fielmente la verdad.

Fuentes

– Bello, Humberto. Tratado de derecho probatorio (2007).

– Universidad de Los Andes. Sobre la constitucionalidad de las posiciones juradas (2011).

– Sentencia de la Sala Civil de fecha 6 de junio de 2002, sentencia N° 0285.

– Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 24 de octubre de 2003, sentencia N° 2785.

– Sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 7 de marzo de 2007, sentencia N° 00607.