Los sistemas autoritarios tratan de esconder su verdadero rostro tras consignas populistas o la manipulación del sistema represivo para servir a los fines del abuso de poder y del control de la ciudadanía.
La cárcel es un instrumento de terror y la amenaza de la pérdida de libertad por la imputación de delitos hace que en un Estado de Derecho se pongan en movimiento todos sus resguardos para que no se produzcan arbitrariedades ni atropellos.
Por ello, tomando en cuenta la máxima protección a la libertad, las Constituciones y Tratados de Derechos Humanos solo permiten su restricción con una orden judicial, salvo el caso de flagrancia, situación excepcional que autoriza a cualquier ciudadano o a un funcionario policial para practicar una detención.