“Desde el Ejecutivo Nacional, la ilegítima asamblea nacional constituyente y el Consejo Nacional Electoral se pretende conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano: la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia electoral, con autoridades imparciales, sin manipulaciones ni favoritismos. Mientras existan presos políticos, y adversarios a quienes se les niega su derecho a postularse, no habrá proceso electoral libre y soberano. Reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo fue ilegítima, como lo es la asamblea nacional constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de dignidad del pueblo” (n.° 6).