La recomendación emitida el 30 de mayo de 2012 por la OIT, representa la última en materia de seguridad social.

En la recomendación mencionada se hacen varias consideraciones en relación a la promoción del empleo debido a que en el sistema de seguridad social es crucial el trabajo para el desarrollo social y el progreso económico, en caso contrario, se estaría en una situación de desequilibrio e injusticias. A su vez, hace un llamado al Estado estableciendo que deben darle prioridad a las políticas para promover la seguridad social, para ello, es necesario aquellas que promuevan el desarrollo económico para contribuir a superar la pobreza, desigualdad y las diferencias sociales. En el mismo orden de ideas, la OIT reconoce la obligación que deben tener los Estados Miembros de garantizar a las personas ingresos básicos y las mejoras de los mismo a lo largo del tiempo con el fin de brindarles calidad de vida.

El Convenio 202 menciona que los Estados Miembros de la OIT deben establecer y mantener pisos de protección social, es decir, un mínimo de asistencia, la cual tiene que ir progresando en todos sus niveles: salud, ingresos, jubilación, entre otros. El mejoramiento progresivo de los niveles tiene que ir en armonía con la evolución de los sistemas nacionales de seguridad social y a la vez debe estar dirigido a la mayor cantidad de personas posibles.

Para ilustrar lo explicado, el convenio se divide en varias secciones: objetivos, ámbito de aplicación, principios, los pisos nacionales de protección social, las estrategias nacionales para extender la seguridad social y culmina con una sección de seguimiento.

El objeto de estudio de la presente investigación serán las primeras dos secciones.

Entre los aspectos más sobresaliente de la recomendación nos encontramos con una serie de principios, los cuales son:

a) universalidad de la protección, basada en la solidaridad social: la protección que debe otorgar la seguridad social debe ser dirigida a todos sin exclusión alguna aplicando la solidaridad social según la obligación intergeneracional.

b) derecho a las prestaciones establecidas en la legislación nacional: los sistemas prestacionales como los de salud, previsión social, vivienda, entre otros, deben ser derechos reales, es decir, deben cumplirse tal y como están prescritos en el ordenamiento jurídico, en caso contario, el Estado debe hacerse responsable por su ineficiencia debido a que actúa como garante.

c) adecuación y previsibilidad de las prestaciones: el Estado debe planificar, prever, adecuar y ejecutar acciones para resolver un problema en relación a las condiciones de vida de los habitantes con el fin de suministrar bienestar.

d) no discriminación, igualdad de género y capacidad de responder a las necesidades especiales: el Estado debe impartir condiciones de vida equitativas e igualitarias entre los integrantes de la sociedad.

e) inclusión social, en particular de las personas que trabajan en la economía informal: el Estado no solo debe garantizar condiciones de vida equitativas e igualitarias, a su vez, debe ser inclusivo para colaborar con el progreso de la seguridad social y el desarrollo de la sociedad.

f) respeto de los derechos y la dignidad de las personas cubiertas por las garantías de seguridad social: implica que existan tribunales o una jurisdicción especial en materia de seguridad social en donde los ciudadanos puedan ir a ejercer su derecho en caso que sea violado, en consecuencia, el Poder Judicial debe tener capacidad para restituir un derecho infringido.

g) realización progresiva, inclusive a través del establecimiento de objetivos y plazos: los derechos deben adecuarse con miras a su mejoramiento en función al desarrollo o evolución de la sociedad, en pocas palabras, los derechos deben ir creciendo de manera progresiva, para eso, el Estado debe planificarlo.

h) solidaridad en la financiación, asociada a la búsqueda de un equilibrio óptimo entre las responsabilidades y los intereses de aquellos que financian y se benefician de los regímenes de seguridad social: el Estado debe tener la capacidad de contribución y financiación con ayuda de una planificación y ahorro.

i) consideración de la diversidad de métodos y enfoques, con inclusión de los mecanismos de financiación y los sistemas de prestaciones: el Estado debe aplicar distintos métodos para contribuir con la financiación y los sistemas prestacionales para combatir las contingencias.

j) gestión financiera y administración sana, responsable y transparente: como la seguridad social maneja y recauda una gran cantidad de recursos importantes es fundamental que lo acumulado cumpla con su destino, para ello, es necesario que sean administrados los recursos de manera sana, transparente y exclusivamente al sistema.

k) sostenibilidad financiera, fiscal y económica: la gestión financiera no solo debe ser sana, transparente y exclusiva, también debe ser permanente en el tiempo para que haya suficientes ingresos y recursos.

l) coherencia con las políticas sociales, económicas, de empleo y entre las instituciones encargadas de la prestación de servicios de protección social: el Estado debe actuar de manera lógica entre lo que dice (las políticas) y lo que hace al igual que las instituciones encargadas de la seguridad social para poder guiar su comportamiento de manera coherente y coordina con el fin de atender las contingencias sociales y económicas.

m) servicios públicos de alta calidad que mejoren el desempeño de los sistemas de seguridad social: el funcionamiento de los servicios públicos de un país debe ser un aspecto visto por la seguridad social para que el desempeño de su actividad sea de mayor calidad.

n) eficacia y accesibilidad de los procedimientos de reclamación y de recurso: no solo debe existir un sistema jurisdiccional en materia de seguridad social, también es necesario que las personas tengan acceso a la justicia y a los recursos para que sea eficiente.

o) seguimiento regular de la aplicación y evaluación periódica: es necesario revisar de forma permanente las actividades ejecutadas por parte de la institución y de los sistemas prestacionales junto a una evaluación para informarse sobre las mejoras y deficiencias.

p) pleno respeto de la negociación colectiva y de la libertad sindical para todos los trabajadores; participación tripartita con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como la celebración de consultas con otras organizaciones pertinentes y representativas de personas interesadas: para que funcione de manera adecuada el sistema de seguridad social es necesario la negociación colectiva para facilitar la aplicación de distintos mecanismos para mejorar los pisos mínimos mencionados en la presente recomendación, por otra parte, la libertad sindical es necesaria porque a través de los sindicatos se pueden realizar reclamos y promover la mejoría del sistema para garantizar soluciones a las contingencias actuales y futuras.

Otro aspecto a destacar, son los pisos nacionales de protección social, este tiene varios elementos a analizar desde una perspectiva asistencialista y jurídica.

Los Miembros, en función de sus circunstancias nacionales, deberán establecer rápidamente pisos de protección social propios que incluyan garantías básicas en materia de seguridad social. Estas garantías deberán asegurar como mínimo que, durante el ciclo de vida, todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial y a una seguridad básica del ingreso que aseguren conjuntamente un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel nacional.

Todos los pisos y obligaciones mínimas deben estar establecidas en una ley, es así como se consolidan como derechos y como una obligación por parte del Estado para evitar caer en el supuesto de un acto discrecional. Además, se debe especificar los procedimientos administrativos y judiciales de quejas y recursos de forma imparcial, transparente y simple, por lo tanto, los derechos postulados por la seguridad social son justiciables. Entonces, es necesario la existencia de una ley que incluya el procedimiento a seguir, al mismo tiempo, los procedimientos deben ser poco onerosos y rápidos para asegurar un mayor acceso a la justicia por parte de las personas que están en estado de necesidad.

Los pisos de protección social mencionados deberán comprender el acceso a un conjunto de bienes y servicios definidos a nivel nacional, que van a constituir la atención de salud esencial, estos tienen  que cumplir con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

En el punto anterior se menciona el acceso a la salud esencial, en este apartado se realiza un análisis más profundo debido a que se incluye a los niños, los cuales tienen derechos humanos y a su vez son el futuro de la seguridad social, en consecuencia,  sus padres en uso de la solidaridad intergeneracional le suministran alimentos, educación y cualquier otro cuidado básico para que más adelante sean trabajadores y aporten al sistema.

Es importante destacar, que la protección se extiende no solo a los jubilados sino también a todo aquel que trabaje, dicho de otro modo, a las personas activas que por motivos de enfermedad, desempleo u otra contingencia no perciben ingresos suficientes.

Al momento de definir las garantías básicas de seguridad social, los Estados Miembros deben colaborar a mejorar la situación actual, garantizar el buen funcionamiento y acceso a los servicios públicos, revisar periódicamente los pisos básicos con miras a su mejoramiento, evolución y actualización junto con la participación y revisión tripartita por ser el mecanismo ideal para mejorar la realidad.

Como resultado de lo explicado, es indispensable la combinación por parte del Estado de varios mecanismos con el fin de cumplir con la obligación de protección social y con la implementación de políticas públicas para promover el desarrollo económico de la sociedad, pero el Estado no debe limitarse a lo mencionado, también debe actuar en pro de la sociedad para alcanzar su desarrollo colectivo e individual.

Fuentes:

– Recomendación número 202, emitida el 30 de mayo de 2012 por la OIT.